miércoles, 9 de noviembre de 2011

Impunidad, a un año del incendio en tienda Coppel


ESCOMBROS. La tienda departamental desapareció, pues su estructura quedó seriamente dañada y el ayuntamiento autorizó su demolición una vez concluidos los peritajes judiciales (Foto: )

Miércoles 09 de noviembre de 2011 Javier Cabrera | El Universal
 

La vida de mi hija Ariana y de sus cinco compañeras muertas en el incendio de la tienda departamental Coppel se convirtió en un duro sacrificio, pero a su vez en una amarga lección que obligó a autoridades y empresas a cambiar criterios laborales, asegura Adán López Muñoz, padre de una de las víctimas a un año de la tragedia que conmovió a Sinaloa.
En vísperas del primer aniversario de la tragedia que enlutó a seis hogares y dejó a nueve pequeños en la orfandad, Adán López Muñoz no se repone de la pérdida de Ariana, de 24 años, quien sólo tenía tres meses de haber sido nombrada gerente de capacitación.
La noche del 9 de noviembre de 2010, seis empleadas que trabajaban en el turno nocturno bajo llave en la sucursal de la calle Hidalgo, en pleno centro de la ciudad, solicitaron auxilio a familiares y autoridades vía celular, al verse atrapadas por un incendio. Según el reporte de los cuerpos de auxilio, asentado en la averiguación previa Cul/1/700/ 2010, la tienda departamental tenía colocada cortinas metálicas con candado, por lo que las labores de rescate duraron varias horas.
Los cadáveres de Ariana López Soto, Karla Judith González Zapata, Verónica Gabriela Picos Bastidas, Claudia Janett Bernal Delgado, Carmen Selene Moreno Azueta y Rosa Imelda Celis Gamboa fueron encontrados en el segundo piso, la mayoría calcinadas.
“Yo no busco venganza, sólo la verdad sobre el origen del siniestro y justicia”, dice el papá. Tras el siniestro le ofrecieron asesoría sicológica, pero sólo asistió a dos sesiones. “Abandoné el tratamiento, no me gustó la orientación y las recomendaciones de no ver más las fotos de mi pequeña”, comenta.
“Llevo el luto en mi alma. Sólo voy a descansar hasta que la autoridad judicial emita su resolución e identifique a los responsables directos o indirectos del suceso que me destrozó el corazón y mi familia”.
Con base al acuerdo suscrito por la firma Coppel con los deudos, Adán López admite que ésta les cumplió en un primer paquete con la otorgación de una ayuda de 400 mil pesos a cada familia para adquisición o ampliación de vivienda.
Según el convenio, la empresa se obliga a mantener a las familias de las finadas el pago quincenal de sus salarios por espacio de 10 años, por lo que en enero les anticipó lo relativo a los 12 meses de 2011.
Se formalizó la integración de un fideicomiso para garantizar los estudios hasta profesional de los nueve hijos que quedaron sin madre, entre las edades de 45 días de nacido y 20 años.
La finada Rosa Imelda dejó en la orfandad a cuatro hijos de 11, 16, 17 y 20 años; en tanto que Claudia Janett, a 45 días de haber dado a luz a su segundo hijo, regresó al trabajo.
El padre de Ariana establece que la ayuda económica que percibe es importante, pero no puede seguir viviendo con la duda de lo que sucedió en la tienda departamental, sobre todo que su hija y sus compañeros quedaron atrapados bajo llave.
Explica que esta tragedia obligó a las autoridades a vigilar las normas de seguridad y laboral de diversas empresas, cuyas condiciones son inadecuadas.
En un dictamen preliminar emitido el 12 de noviembre de 2010, la Secretaría del Trabajo dictaminó que la tienda departamental Coppel carecía de detectores de humo y de señalamientos de las puertas de acceso, sin certificar la existencia de salidas de emergencia.
A raíz del siniestro, comenta, la empresa modificó en todas sus tiendas sus normas de seguridad, higiene y laboral, con lo que desapareció las jornadas nocturnas bajo llave.
Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de Justicia, afirma que está a punto de resolver el caso y turnar a un juez competente el expediente, sin entrar en detalles, por estar impedido en materia de secrecía.
Precisa que el avance de las indagatorias es imputable a la necesidad de reponer o solicitar nuevas diligencias que a su juicio no se practicaron en el sexenio anterior por diversas causas, las cuales son vitales para clarificar el accidente.
La tienda desapareció; su estructura seriamente dañada empezó a ceder en forma peligrosa, por lo que el ayuntamiento autorizó su demolición.

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